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Aprobada la nueva Ley de Telecomunicaciones, Ley 9/2014 (entró en vigor el 11-05-2014). Teléfonos. Telefonía

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El pasado día 8 de mayo de 2014 se dio por finalizado el proceso de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, un trámite que comenzó con el envío del nuevo proyecto de articulado al Congreso de los Diputados por parte del Gobierno de la nación en septiembre de 2013, y que concluía con su segunda aprobación en el Congreso tras haber sido enmendado por el Senado en marzo.
La nueva Ley General de Telecomunicaciones es la norma superior que permite regular de manera unificada el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Los servicios de comunicación audiovisual, así como los de la Sociedad de la Información, quedan excluidos por hallarse regulados por normas diferentes.
Una de los objetivos utilizados por el legislador para justificar la nueva reforma de la ley es el de mejorar la seguridad jurídica, pues agrupa la normativa vigente hasta ahora dispersa en los ámbitos nacional y comunitario (por ejemplo, incorpora al ordenamiento jurídico español las Directivas europeas de Mejor Regulación y de Derechos de los Ciudadanos que, junto al Reglamento del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, integran el Paquete Telecom aprobado en noviembre de 2009).
La ley, enmendada de manera pactada por la mayoría de grupos parlamentarios, avanza en el objetivo establecido en la Agenda Digital para Europa. Ésta establece que en un plazo de seis años, todos los ciudadanos europeos puedan acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que, al menos, uno de cada dos hogares europeos, estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps.
Según argumenta el Gobierno, las modificaciones introducidas refuerzan los derechos de los usuarios, que tendrán derecho a recibir mejor información sobre las condiciones de provisión de los servicios, y que tendrán derecho a una protección más eficaz de los datos personales (por ejemplo, se aplicarán por primera vez las normas de protección de datos a aquellos que hayan sido obtenidos a través de etiquetas RFID en productos comerciales). Otro cambio destacable es la portabilidad del número de teléfono entre operadores en el espacio máximo de un día laborable.
Por último, es destacable la controversia que ha levantado en el nuevo articulado la calificación de "obras de interés general" la instalación y despliegue de redes públicas de comunicaciones, por lo que la Administración se arroga la capacidad de expropiar tejados y azoteas para instalar en ellos antenas de las operadoras aun sin el permiso de las comunidades de vecinos.

 

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Fecha última modificación: 29 de mayo de 2014 a las 13:46

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